TIRANDO DEL HILO SE DESHACE EL OVILLO
Si tengo que ser sincero, no me sorprenden en absoluto las operaciones inmobiliarias que nuestros compañeros socialistas de La Costera vienen denunciando con prudencia y acierto en torno a las operaciones urbanística cuya opacidad solo induce a pensar en la falta de transparencia administrativa y a barruntar un tufo de ilegalidad cuyo hedor ha ido subiendo de intensidad a medida que el PP y sus corifeos han podido actuar en la más absoluta impunidad a partir de que fagocitaran a UV con el arreglo conocido por todo el mundo como “el pacto del pollo” que abre la puerta a una nueva forma formalmente correcta y amoralmente política de hacer negocio.
Desde la política local y autonómica, que el PP pone en marcha desde 1997 de forma persistente y contundente con el silencio cómplice o el consentimiento tácito de demasiadas personas hasta el momento amparadas bajo el magnánimo paraguas del progresismo. Comenzaba la égida del pelotazo. Las denuncias realizadas desde la tribuna de las Cortes Valencianas por el Grupo Socialista y los asuntos que todavía se están dirimiendo en los juzgados de las tres provincias y que tienen en el escándalo de Terra Mítica su paradigma, se están viendo confirmadas en la realidad y ratificadas por los Jueces.
Las cruentas disputas internas del PP y el mantenimiento en su puesto de algunos altos cargos imputados, son consecuencia directa del grado de conocimiento de los “asuntos de familia” en un partido que, a estas horas, ha traspasado ya cualquier límite de la ética, la moral pública y la decencia política, salvando siempre las honrosas excepciones individuales.
Corría el año 1997 cuando la privatización del servicio público de la Inspección Técnica de Vehículos dio lugar al primer pelotazo económico de la recién estrenada etapa de los conservadores en la Generalitat . En esta comarca de La Costera, aparecieron como por ensalmo Vicebel SL, Civilena SL o Alutacea SL para dar cobijo a una adjudicación recurrida en su tiempo por empresas del sector. En 2002 con la adjudicación del servicio de Teleasistencia a Domicilio y la adjudicación de las nueve mil plazas geriátricas se perpetró el mayor atraco económico a cuenta de los derechos públicos de los ancianos; otro reparto confeccionado mas a la medida que un traje de ceremonia, y ahí estaban también preparadas Crespinell SL, Neletass SL y Siete Treinta SL.
Pasadas las elecciones de 2003, el PP pudo instrumentalizar la LRAU obviando su reglamentación, consolidando el principio de plusvalía anticipada como el paradigma de un desarrollo urbanístico insensato y depredador del territorio que ha hecho emerger como hongos los agentes urbanizadores reales o encubiertos que, contrariamente a lo que se dice, no han beneficiado a los ayuntamientos como instituciones públicas, sino a los muñidores del poder, a algunos de los espabilados que gobiernan los entes locales y a técnicos o funcionarios cuyo concurso ha sido imprescindible para cometer las atrocidades legales sobre las que se han amasado grandes fortunas en un tiempo record. Como los asuntos de familia van también por provincias, mientras el caldero se guisaba en Valencia, en Alicante se producía en 2002 la fabulosa estafa de Mercalicante con el concurso de las empresas Ekonos Group 2000 SL y La Luenga Inversiones SL, que ha dado con la oronda figura de Díaz Alperi en los juzgados, y como premio su candidatura a la alcaldía y su blindaje en las Cortes Valencianas.
Mientras, en Castellón estallaba el escándalo Naranjax con la mercantil Artemis 2000 SL como instrumento y por el que se siguen procedimientos judiciales contra Carlos Fabra sin que por ello haya dejado de estar en las candidaturas del PP. No se escapan por clamorosas, en este ovillo de fétida corrupción, las facturas falsas de Terra Mítica en las que participa Guzzle Grupo Inversor o todo lo relacionado con la Generalitat y Julio Iglesias que, mas allá de los pagos del IVEX, deja unos flecos sueltos como el concierto electoral y gratuito en 2003 del supercantante en Ribarroja de Turia, ciudad ligada desgraciadamente al asunto de Porxinos y que, según su alcalde, pagó la empresa Aristaria SL, entre otras.
Todas estas operaciones de dudosa legalidad o excesivo compadreo tienen un hilo conductor indubitable: la instrumentación y utilización de empresas tapadera-express para materializar las adjudicaciones o las operaciones que han sido denunciadas; y, mira por donde, todas han sido compradas ipso facto y a los efectos oportunos en un mismo despacho gestor que garantiza y publicita su opacidad. Evidentemente, todas ellas han cambiado su objeto social primigenio para adaptarlo al negocio para las que han sido adquiridas. Como mínimo tenemos derecho al mosqueo, digo yo, porque en esto de la política las casualidades no existen ni me imagino a los interfectos, ahora imputados del PP, mirando la guía CAMPSA para ver donde está el Kilómetro 4 de la carretera Alfafara – Bocairent, o haciendo cola ante el portal de la calle Pare Ferrán Olcina de Ontinyent, como si se tratara de la Semana Fantástica, por casualidad y sin intención alguna, cuando podrían haber constituido las mercantiles en los centros gestores de sus respectivas localidades de residencia por su ínfima dotación de capital social inicial.
Casualidad, causalidad o intencionalidad, lo cierto es que esos son los datos reales de los que solo aqui hay una parte mucho más extensa que abarca localidades de ilustres políticos del PP en la Comunidad Valenciana y en algúnas otras Comunidades Autónomas. Quizás seria necesaria, por salud democrática, una aclaración sin mentiras por parte del Presidente Camps dadas sus altas responsabilidades institucionales en la Generalitat Valenciana u orgánicas en el PP y sus fé católica. Una explicación lógica para tanta coincidencia mercantil en las adjudicaciones administrativas de los servicios públicos, en las actuaciones urbanísticas, en la gestión privada de los mercados públicos cautivos, en la mendaz naturaleza tramposa de los casos que se están juzgando o el objeto real que ha llevado al PP a tejer esta oscura red política y empresarial que ha llenado de escándalos la vida política valenciana y que, con seguridad, los relatados no serán los últimos, porque cada dato apunta a otro escándalo mayor.
Sin ir mas lejos, en el mismo domicilio social del urbanizador de la Papelera San Jorge hay tres empresas más compradas en la misma gestoría suministradora de sociedades opacas; Tec-Fec S.L. fué la empresa que firmó el primer convenio con el ayuntamiento de Vallada para el proyecto “Valencia la mar de dins” y que ahora ha sido expulsada del paraiso en beneficio de un ex-presiente del Valencia SAD y, la propia Generalitat, en su locura de las empresas mixtas del IVVSA, tiene en su propio estómago el monstruo letal, porque Fincas Goldstone SL, Chelgrin SL, Albina Crea SL o Jardines Colgantes SL, son algunas mercantiles de la misma ganadería que operan en los Consejos de Administración de alguna de las empresas “milagro” de esta comarca, que ahora por serios apuros financieros, asociada con el Instituto Valenciano de la Vivienda para la promoción, la edificación y el desarrollo urbanístico en plan de monopolio.
Pues bien, no es el momento de las sorpresas, sino de las actuaciones políticas y, en su caso, judiciales si la realidad es lo que parece ser y existe voluntad real de limpiar el patio. Ahí está el Ministerio Público para defender lo que es de todos y aplicar la Ley y ahí están los ciudadanos para ejercer sus derechos ante el Poder Judicial. El PP ha cometido el error de dar participación en esta trama a demasiadas personas con una ambición desmedida, tiene demasiadas grietas internas por las que se escapa la información y, además, ha hecho buena la máxima de que no hay crimen perfecto; siempre se queda un cabo suelto del que, tirando, tirando, se deshace el ovillo.
Este trabajo es el fruto de la responsabilidad y la constancia de los demócratas que han sufrido en sus carnes las garras de todos aquellos a los que la ambición por el poder y el dinero ha convertido en seres mezquinos y crueles que se sienten capaces de poseerlo todo, pero que no podrán nunca sellar la boca de los hombres y las mujeres que, con coraje, trabajan cada día con nobleza por construir un espacio público libre y sin corrupción en una sociedad decente, justa y pacífica.
